EN TIEMPOS DE LA REFORMA JUDICIAL, UNA ESTATUA SIMBÓLICA

El debate sobre la reforma judicial, que ha fatigado tanto pantallas y cursores es uno más entre los   signos de postración de nuestra vida pública. Transcurrimos un estado de excepción sin soberano. O mejor dicho, con un soberano, que es el coronavirus, que habrá de llegar hasta donde quiera, o hasta donde Dios quiera, mientras nuestros dirigentes corren detrás, balbuceando que están al frente de una batalla irremediablemente perdida.  En el camino, hemos dejado los últimos jirones de nuestra siempre precaria institucionalidad. No tenemos prácticamente Congreso. Hasta hace poco, no se hacían allí las leyes, sino que se las recibía hechas. Hoy, ni siquiera son leyes, sino DNU que se despachan favorablemente con el trámite virtual de una pensión graciable. No tenemos  poder ejecutivo unipersonal, sino una especie de matrimonio morganático  en donde el consorte de rango inferior es el presidente de la República, Jefe Supremo de la Nación en el incierto papel constitucional. Y tenemos una agencia judicial sumida con razón en el descrédito. Que, además, ahoga en ciénaga administrativa los esfuerzos de tantos servidores probos y capaces que aún se desempeñan en sus cuadros. Y cuando se propone una reforma para esta rama del Estado, resulta que es para hundirla más aún. Hay una manifestación simbólica de este estado de cosas que me propongo compartir con el lector.

Cuando se suben las escalinatas del Palacio de los Tribunales, puede observarse, en una gran hornacina abierta en la pared que cierra el vestíbulo, la estatua en bronce de la Justicia, de Rogelio Yrurtia. Nuestro gran escultor –quizás bajo el influjo de Bourdelle- buscó inspiración más atrás de los modelos clásicos, con sus conocidos atributos de la espada y la balanza y la representó como una joven imponente, en actitud de avanzar, la cabeza cubierta con un casco que adorna una diadema y los brazos extendidos en paralelo, ambos levemente unidos en sus pulgares. Esos brazos marcarían el equilibrio de lo justo, y los pliegues de su vestidura, que caen verticalmente, la rectitud, armonía y proporcionalidad que lo deben acompañar. Litigantes y abogados pasamos junto a la figura en el hueco, viéndola sin mirarla, ya que, hoy, sólo los ladrones del bronce saben admirar con ojo codicioso las estatuas.

Si se consulta por Internet la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en www.pjn.gov.ar) se advierte, en las informaciones a la visita guiada al Palacio, que esa estatua es una réplica del original. Llegué a conocer la historia por intermedio del escribano Eduardo Scarso Japaze y la transmito, con algunos datos ampliatorios. Carlos Delcasse (1852-1941), un francés nacido en Burdeos y afincado en el barrio de Belgrano, amigo de Rogelio Yrurtia, decidió encargarla para la bóveda familiar en el cementerio de Olivos. La obra había sido proyectada por Yrurtia en 1905, con el título de “Res non Verba”, luego cambiado en “Equidad”,  y su destino habría sido el flamante Palacio de Justicia. Comenzado ese mismo 1905, el edificio se inauguró en 1910. Pero la maquinaria burocrática detuvo la ejecución y –no es de extrañar- los pagos correspondientes y hoy puede verse en el Museo Casa de Yrurtia la pequeña maqueta original. La hornacina destinada a albergar la escultura quedó vacía y luego la ocupó un busto del general San Martín. Delcasse la encontró propicia para el sepulcro destinado a él y los suyos, porque, como escribió al artista, en carta que se conserva en el museo, su voluntad era que fuese “la obra de arte que ha de simbolizar la muerte. La justicia inevitable, incorrupta, divina para todo ser viviente”.  

Delcasse era una figura destacada de la sociedad porteña de fines del siglo XIX y principios del XX. Fue diputado nacional e intendente de Belgrano, cuando todavía no integraba como barrio la ciudad de Buenos Aires. En su quinta, situada en Sucre entre Cuba y Arcos, había una sala de armas donde se cruzaban Jorge Newbery, el barón Demarchi, César Viale, políticos como Lisandro de la Torre o Alfredo L. Palacios, jueces, legisladores. Alguna vez, un guapo (quizás un Muraña importado desde Palermo o un Iberra fatal traído desde Barracas) demostró allí a los invitados cómo era la esgrima del duelo criollo. En los fondos, sobre Arcos, se disputaban los lances de honor comentados luego por el tout Buenos Aires. Juan Domingo Perón también tiró el sable en su pedana.  Por la entrada de Cuba podían verse, hasta hace algunos años, los restos de la mansión, la llamada "Casa del Ángel", por la figura alada junto al mirador. Ella inspiró a Beatriz Guido una novela que Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine en 1957, dirigiendo a Elsa Daniel y Lautaro Murúa.

En 1936, Yrurtia realizó el vaciado para cumplir la voluntad de su amigo. Y surgió la diosa  con los brazos extendidos, como una sonámbula,  iluminado su camino por la diadema, entrando en el reino de la muerte. Una leyenda inconfirmable atribuye la elección de Delcasse, compartida por Yrurtia, a que el primero había tenido una hija fallecida, que sufría de sonambulismo, y no encontró para ella mejor evocación que la que la obra exhibía. En 1938, los 1.800 kilos de bronce alegórico fueron colocados en lo alto de la bóveda de los Delcasse, mediante de andamios, poleas y cadenas, y bajo la supervisión del escultor, por los hermanos Trovero, uno de los cuales transmitió esta información al escribano Scarso. Tres años después, la ocupó quien encomendara la estatua. Más tarde, José María Fernández Ferrari, cuyos restos también yacen allí, donó el sepulcro al Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, su actual titular.

La estatua que se encuentra en el Palacio de Justicia es una réplica, por medio del vaciado en bronce del original, colocada en 1959, todo ello realizado  nueve años después de la muerte del maestro Yrurtia. ¿No resulta simbólico que la imagen de la Justicia que abre la sede de nuestros tribunales sea una copia, es decir, en cierto modo, una Justicia "trucha"? Pero más aún, que en la inspiración original de su autor y de quien la encomendara haya estado la entrada en el reino de la muerte. O será que cuando subimos la escalinata llevando las peticiones de justicia de nuestros clientes, una voz atravesada por la sorna nos dicta,  como en la puerta infernal al Dante: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. Por lo menos, si ningún conocido operador juega de tu lado.-

Dos por uno: el cuco del PRO

El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los alcances del "dos por uno" contenido en el art. 7º de la ley 24390 hasta su derogación en 2001, extensivo al cómputo de las condenas por delitos "de lesa humanidad", en virtud de la aplicación de la ley más benigna, despertó al orfeón consabido de la progresía jurídica, que incluso ha llegado -por mano de Marcelo Parrilli, uno de sus sochantres- a una denuncia por "prevaricato" contra los firmantes de la posición mayoritaria; no falta tampoco la iniciativa del juicio político contra los ponentes de la mayoría.  Esto, para cualquiera con un mínimo de información sobre lo que habitualmente sucede en el ámbito forense, no es ninguna novedad; más bien, resulta lo común y corriente esperado. Lo único que podría apuntarse como paradójico de la queja es que los aboligarantistas más empinados se junten para reclamar un recorte de garantías. En fin, ya se sabe que la coherencia no es un hábito de nuestras pampas.  También ha recorrido los pasillos gubernativos un susurro de mieditis y un sobresalto de julepe: "¡no quedemos pegados! ¡Ojo a las encuestas!".  Abruj con alguna vacilación inicial; Peña, ya con bajada de línea del dómine Durán Barba; Federico Pinedo con gargarizaciones informativas acerca de que por el Senado el bloque de Let's Change propondría "limitar, los alcances del 2 x 1"; luego María Eugenia Vidal sumándose al coro y quizás mañana el mismo presidente en la próxima inauguración de alguna copa de leche: unánime repudio. Se han dado algunas cosas curiosas: por primera vez Let's Change coincide con Cristina viajera que retorna a la patria para luchar contra la Corte. Y, por la avenida del medio, vino servicialmente galopando Sergio Massa para  postularse a denunciar el fallo ante la CIDH. Faltó Tinelli para un cartón lleno de nuestras élites doradas.

 

Una mirada más fina y distante nos alecciona que la posición de la mayoría es jurídicamente muy fuerte, aunque fulminable fácilmente desde los altares de la corrección política, ante la que dobla la rodilla reverente nuestra dirigencia.

 

La ley 24390, con su art. 7º ofreciendo 2 x 1  - a partir de los dos años de prisión sin condena firme cada día de prisión preventiva se computa como dos de prisión- fue dictada al mismo tiempo que entraba en vigor la CADH (Pacto de San José de Costa Rica) como convención con jerarquía constitucional. Dos años, se entendió, era un " plazo razonable" para obtener sentencia en un juicio penal. A partir de ahí, se estableció una suerte de contrapeso para el imputado en el caso de duración anormal de un juicio sin condena más allá de ese término. El problema, pues, residía y reside en la excesiva extensión en el tiempo de los juicios, y poco se ha hecho y poco podrá hacerse en la materia, que reúna las dos puntas del problema: obtener una sentencia de mérito definitiva en materia penal en "plazo razonable", de una parte, y de la otra, que las garantías procesales del encartado sean en ese lapso efectivamente respetadas. El 2 x 1 fue derogado en 2001, cuando se llegó al convencimiento de que nuestra agencia judicial no podía encontrar la manera de gestionar razonabilidad en los tiempos de duración de sus procesos.

 

 

Por otra parte, y es el nudo del fallo, debe tenerse en cuenta un viejo pilar de las garantías del reo llevado ante un tribunal penal: la aplicación de la ley más benigna al tiempo de la condena. Hoy se plantea como derivación del principio pro homine; esto es,   la interpretación más amplia  cuando se trate lo más favorecedor a la desincriminación del encartado; la interpretación más restringida en cuanto atañe a lo que puede incriminarlo.  La aplicación de la ley más benigna funciona retroactivamente, cuando una conducta atrapada en un tipo penal, en cuya virtud se enjuicia a quien incurrió en ella, es luego desincriminada u objeto de una mejora en sus escalas penales. Funciona ultraacivamente en el caso inverso, cuando una conducta inicialmente desincriminada es luego tipificada penalmente o se agravan las penas para ella. Hay, en fin -y este es el caso en "Muiña", respecto del cómputo de la pena- una "benignidad intermedia":  si el legislador incrimina, luego desincrimina o mejora, y luego vuelve a incriminar o desmejorar  una conducta y su consecuencia penal.  Todo esto surge del art. 2º del Código Penal, de la CADH (art. 9º) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.1), que tienen jerarquía constitucional entre nosotros. También el Estatuto de Roma (24.2), convención suscripta por nuestro país que se refiere a crímenes de lesa humanidad, contiene este recaudo de garantía.

 

La mayoría de la Corte dice, pues, que la garantía de la ley penal más benigna -en este caso, referida al cómputo de la pena- debe ser aplicada al caso de Muiña, condenado a 13 años por privación ilegal de la libertad de personas, dentro de  los procesos por "lesa humanidad" -cumplió ya diez de su condena-, por aplicación de una ley intermedia entre la comisión de los hechos y su sentencia. La circunstancia específica de tratarse de un delito "de lesa humanidad" no impide que se aplique la ley más benigna, puesto que la norma no establece una excepción en tal caso (y recuerda el Estatuto de Roma, que contempla el beneficio,  para más abundamiento).  Que dichos delitos sean imprescriptibles y que se considere que no pueden ser objeto de amnistía o indulto (conclusión esta última discutible)  no puede utilizarse para extender analógicamente estas circunstancias a la aplicación de la ley más benigna, garantía que no tiene en el caso cortapisa alguna.

 

Los argumentos de la minoría son rixari de lana caprina. Que no hay sucesión sino "coexistencia" de leyes. Que en los delitos de ejecución continuada o permanente sólo puede aplicarse la ley vigente en la última etapa de su consumación -opinión contraria a la de Zaffaroni, que hoy sin embargo se ha unido a la grita anticortesana, aunque propicia que se parta de la que estuviera en vigor al momento de la comisión del hecho. Que el beneficio no puede aplicarse a delitos de lesa humanidad, condición no contemplada en la ley. Que el beneficio del 2 x 1 sólo puede alcanzar  a quienes estuvieron presos bajo su vigencia. (Estas dos últimas limitaciones sólo podrían surgir del arbitrio judicial y no de la letra y espíritu de la norma). Que la "valoración social"  sobre el cómputo de la pena en los delitos de lesa humanidad no varió aun durante el período de vigencia del beneficio. Pero, como bien dice la mayoría, no es el criterio judicial el que puede disponer a su antojo de poner o levantar limitaciones legales en nombre de la "valoración social", sino el legislador. Repugnándome como me repugna el acudir a lo que Leo Strauss llamaba la reductio ad hitlerum, que sirve falazmente para cerrar una discusión infamando al contrario, si dejásemos a los jueces penales una interpretación de la ley aplicable a la luz de la "valoración social" que puedan vislumbrar en cada época, ¿no nos estaríamos acercando peligrosamente a aquel establecimiento de  las imputaciones penales conforme al cual se "merece pena según la idea fundamental de una ley penal y el sano sentimiento popular -gesundes Volksempfindes" de la Alemania de 1935?

 

Tenemos casi un  millar de personas detenidas, procesadas y una parte condenadas por delitos "de lesa humanidad" que habrían cometido entre 1976 y 1983.  Para juzgarlos,  a partir de de 200, se estableció un derecho penal y procesal penal de dos velocidades: una, para los juicios ordinarios, donde, en principio, rigen las garantías del proceso justo y  los principios básicos del derecho penal liberal; otra, para los juicios contra represores por delitos de lesa humanidad, donde aquellas garantías no tienen vigor y aquellos principios pueden y hasta deben ser dejados de lado. Nuestro país, como se sabe, transitó dos caminos distintos respecto de los delitos cometidos tanto por dispositivos estatales o paraestatales como por organizaciones terroristas, durante los años 70 y 80. El primero fue inaugurado por el entonces presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 con los decretos 157 y 158, por los que se ordenaba enjuiciar tanto a las juntas militares de 1976 a 1983 como a dirigentes de las organizaciones Montoneros y ERP. Las principales etapas de este camino fueron las leyes de  punto final y obediencia debida de 1986 y 1987, los indultos dictados por el gobierno posterior y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia entre 1987 y 1993, que convalidaron la constitucionalidad de todas aquellas disposiciones.  Se iniciaron entonces unos “juicios de la verdad”, en puridad instancias para que víctimas y familiares pudiesen llegar a certidumbres sobre sus deudos a través de quienes los enfrentaron, pero sin instrumentos que permitiesen la no incriminación,  por lo que se frustró todo resultado positivo.  El otro dispar camino arrancó en 2003, jalonado por diversos fallos en los que la Corte Suprema de Justicia, con algunos de sus integrantes que se habían expedido por la constitucionalidad en los fallos anteriores, procedió a nulificar aquellos decisorios y las leyes antecedentes, sentando la imprescriptibilidad de los actos cometidos   desde la órbita estatal y paraestatal exclusivamente. La tipificación de los delitos  de lesa humanidad se estableció a partir del derecho consuetudinario  internacional, reajustándose así, en esta mudanza, los principios clásicos:

 

• Principio de legalidad, de ley previa y escrita, en cuanto a la predeterminación normativa tanto del tipo penal como de la escala pena aplicable.
• Principio de irretroactividad de las normas penales, y de su correlativo en el derecho internacional público, que es el de intertemporalidad (los hechos deben ser juzgados a la luz del derecho vigente cuando ocurrieron)
• Principio de irrrevisibilidad de la cosa juzgada y del non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por la misma causa).
• Principio de interpretación de la ley penal pro persona, de donde deriva el in dubio pro reo y la aplicación de la ley penal más benigna.
• Prohibición de la interpretación analógica de la ley penal contra el imputado.
• Invocación dogmática de la costumbre internacional como sucedáneo de la ley penal escrita, sin probar esa costumbre y atribuyéndole fuerza imperativa (jus cogens).
• No aplicación de la obligación asumida por el país de conformidad con el Pacto de San José de Costa Rica de que los juicios duren un “plazo razonable” y se eviten las prisiones preventivas de duración indefinida.
• Agravamiento de las condiciones carcelarias para procesados y condenados cuya edad promedio ronda los sesenta años.
• Incumplimiento de las normas respecto de presos de más de setenta años, enfermos, etc., con negativas a atención hospitalaria adecuada y a la detención domiciliaria (es la Corte en su composición actual la que cambió la orientación predominante hasta entonces, autorizando esos benficios –caso “Alespeiti”, de 85 años de edad, 18/04/17)

 

Ni el Estatuto de Roma ni su interpretación por la Corte Penal Internacional, para referirnos a un nivel global, han querido apartarse de una sujeción  estricta al principio de irretroactividad de la ley penal, consecuencia de principio de legalidad previa, ni tampoco del beneficio de la ley más benigna, lo que muestra las particularidades del criterio local.

 

Como sea, cabe a esta altura una reflexión más allá de la cuestión jurídica, sobre los efectos que estos vaivenes han tenido en los profundo de nuestra sociedad. Porque las alteraciones de raíz en los criterios judiciales, independientemente de su valoración técnica, tienen efectos expansivos sobre las sociedades, muchas veces no advertibles de inmediato, pero que en algún momento afloran. En su disidencia en el caso “Mazzeo”, la doctora Carmen Argibay –víctima ella misma, en su tiempo, de la contrainsurgencia- advirtió sobre el peligro de considerar “trivial y contingente” la autoridad  de cosa juzgada en una sentencia, ya que ello podría abrir  la posibilidad de que otra composición  de los estrados hiciese valer luego su parecer contrario, impidiendo así el cierre definitivo de cuestiones que conllevan heridas profundas abiertas sobre disentimientos extremos en el cuerpo social. La reflexión apunta a la circularidad que deja abierta la llaga y conduce a la respuesta vindicativa, en un patético empuje a los extremos.  Los argentinos estamos envueltos en el ciclo de una violencia recíproca desatada en escalones de constante ascenso. Las instituciones aparecen desprestigiadas y sus voceros  no traen respuestas creíbles. Asoma, sobre todo, la fragilidad de la administración judicial para gestionar a través de sus resortes procesales estos conflictos profundos. El estrado  judicial se muestra casi obligado a forzar en muchos casos  los  principios recibidos y aceptados, y cuando los aplica, como ha ocurrido ahora, se lo infama y sepulta bajo el pataleo militante.  Frente a la atención pública aparece como inocuo ante la delincuencia común y sin arrojar verdad ante los crímenes de los 70 y 80.  La venganza privada, ciega y pulsional, asoma ahora con frecuencia. Las víctimas, en todos los casos, requieren reconocimiento y las certidumbres que contribuyan a cerrar su duelo. No es su condición de víctimas la que puede llevarlas a la circularidad vengativa sino, entre otros factores, pero con mayor peso, el mal proceso. Trato adecuado a la víctima y trato justo al reo no se obtienen maltratando el derecho. El repudio ideológico, jurídicamente inmotivado, al fallo de la Corte que aplica el beneficio de la ley más benigna a los juicios  por delitos de lesa humanidad, y la obsecuencia temerosa que nuestra clase dirigente, nos paraliza en una constante repetición de una guerra librada de más de medio siglo atrás. Esta es la herencia que dejamos a nuestros descendientes, y esta es la responsabilidad que hoy alcanza a nuestra dirigencia papanatesca y desnorteada.-    




Para que no se tenga que ir a Wikipedia: rixari de lana caprina: discutir sobre si la cabra tiene pelo o tiene lana; discutir artificiosa y sofísticamente

 

"EMPODERAR" AL PERRO

Hay un cuento de Chejov que se aplica perfectamente a nuestra justicia federal en lo penal, y a integrantes de otros fueros también:

El inspector de policía Ochumélov oye chillar un perro y se dirige al lugar de donde proceden los gritos de la gente y los aullidos del pobre animal. Un tal Jriukin le dice que el perro le ha mordido. El inspector monta en cólera y dice que el amo del perro se va a enterar, que le pondrá una multa y que matará al perro. Sin embargo, alguien le dice que es del general Zhigálov y Ochumélov cambia: el perro no ha mordido a nadie sino que un clavo maldito se ha clavado en el dedo de Jriunkin. El municipal que acompaña al inspector tiene sospechas de que el perro no sea del general y de nuevo el inspector vuelve a pedir un castigo para el perro y los amos. Pero ¡ay! una voz afirma que el perro es del general y, claro, el inspector cambia de nuevo de opinión: Jriunkin es el culpable de la mordedura y lo que tiene que hacer es dejar de enseñar ese estúpido dedo. Viene el cocinero del general y dice que nunca, en casa del general, ha habido perros vagabundos. Otra vez cambia el destino del perro: “Hay que matarlo y se acabó”. Sin embargo, el cocinero no había terminado: “No es nuestro. Es del hermano del general que vino hace unos días”. Y otra vez cambia el azaroso destino del perro que pasa a ser un perrito simpático que hace lo que tiene que hacer un perro: morder. El cocinero se lleva al perro y Ochumélov amenaza al descarado de Jriunkin.

        

Así termina el cuento de Chejov llamado, no hace falta explicar por qué, El camaleón. Ochumélov es nuestra radiosa justicia federal, El general y su parentela son los poderosos de turno y  el perro, el pobre perro, cuyo destino cambia según cambian las opiniones del inspector que, a su vez, debe tan camaleónica conducta a su servil obediencia, no somos otros que nosotros, el sufrido pueblo que paga a tales magistrados. La cuestión, pues, ilustrísimo canciller, es "empoderar" de una buena vez al perro para que pueda morder a satisfacción los volubles traseros de tantos Ochumélovs judiciales, genuflexos de 360º a las instancias del generalato o el civilato de turno.