martes, enero 19, 2021

EL  “IMPEACHMENT” PÓSTUMO O LA ÚLTIMA BURRADA DEL PARTIDO DEL BURRO  







El 13 de enero pasado, la Cámara de Representantes de los EE.UU. votó la iniciación del impeachment (entre nosotros, juicio político) contra el presidente Donald Trump, a siete días de que deba dejar el cargo.  Fue por 232 votos a favor, 197 en contra y 4 abstenciones. Votaron por la implementación del juicio político la bancada demócrata y diez representantes republicanos, pertenecientes al sector de los llamados RINO (“Republicanos sólo de Nombre”, por su acrónimo en inglés). Los motivos fueron que Trump “incitó una insurrección armada contra el Congreso”, mediante un discurso “violento” y llamó a explícitamente a entrar “por la fuerza” al Capitolio. Cualquiera puede formarse un juicio acerca de esta acusación revisando la arenga de Trump  y si ésta fue anterior, simultánea o posterior al comienzo de tumulto. Pero no es lo que nos interesa aquí, ni tampoco la velocidad con la que los diputados votaron una moción de juicio político que nunca tuvo investigación previa ni pasó por comisión, lo que es de estilo este tipo de acusación. Se trata, por lo tanto, de un juicio político express, que supera con mucho la velocidad ya propia de este tipo de juzgamientos. Como se sabe, en el impeachment norteamericano, como en nuestro juicio político, la Cámara de Diputados funciona como exclusiva acusadora, a través de una comisión designada al efecto, que debe investigar, aportar y producir las pruebas de cargo, y el Senado toma el rol de juez o jurado, debiendo dictar la sentencia de absolución o condena, para la cual se requiere una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. El Senado de los EE.UU se encuentra en receso hasta el 19 de enero, un día antes de la asunción de Joe Biden. El blitzkrieg antiTrump halla insalvables dificultades para cumplirse antes de la toma de posesión del nuevo presidente, aunque más no sea porque también el acusado merece tener la posibilidad de una defensa adecuada en un debido proceso. El juicio, pues, deberá tener lugar en el Senado, pero con su nueva composición. Cuestión no menor es el chalaneo para obtener el pase de suficientes nuevos senadores republicanos del sector “Deplorables” (es decir, trumpianos) al sector RINO (los que se purificaron en el Jordán), para llegar a los dos tercios.  Papel no menor en esto juega el impartir miedo: defender a Trump es, automáticamente, defender la insurrección, y ya hay fiscales rondando a los posibles candidatos a tal acusación. El baldón para los que apoyen al presidente saliente cuenta desde ahora con una sanción no menor: la condena a la espiral del silencio en los medios de comunicación y las redes  sociales, porque favorecer a Donald es una maquinal incitación al odio. Otra cuestión es quién presidirá el Senado  enjuiciador. La neovicepresidente Kamala Harris podría hacerlo porque no es su presidente el que está en el banquillo, sino el derrotado. O quizás le deje ese papel al presidente pro tempore del cuerpo, equivalente a nuestro presidente provisional del Senado. Pero hay quienes piden se continúa con el procedimiento iniciado por la Cámara baja como si aún Trump estuviese en ejercicio, por lo que el Senado debería ser presidido, en ese caso, por la cabeza de la Corte Suprema, John Roberts.

Llegamos a la “burrada”

Pero todo lo anterior es minucia. Enorme, pero minucia al fin. Lo que sorprende, en un país como los EE.UU., que ha tenido figuras descollantes en el derecho constitucional, es que se sostenga que puede haber un juicio y una eventual condena en un  impeachment póstumo, porque dirigido a un presidente que ya cumplió su mandato. En derecho, toda acción deviene insubstancial y se extingue cuando desaparece el objeto de su persecución antes  de llegarse a la sentencia de mérito. El objeto de la acción de impeachment, como el del juicio político entre nosotros, es  la remoción del funcionario, en este caso el presidente. Lo dice la constitución de los EE.UU–: “destitución del cargo” –removal from office (art. I, secc. 3)- y la nuestra: ”destituir al acusado” (art.60). Lo demás (“inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico de confianza o remuneración de los EE.UU”, en un caso, “declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación, en otro) son accesorias de la condena, que sólo pueden entrar en vigor a partir de la sanción del objeto principal, que es la remoción. No habiendo principal, lo accesorio sigue su suerte. No voy a fatigar al lector con citas de nuestros doctrinarios –Joaquín V. González, Rafael Bielsa, Miguel Ángel Ekmedjian, para citar sólo los que tengo ahora más a mano en la biblioteca- que confirman este aserto elemental de que no hay posibilidad alguna de impeachment póstumo. Y no quiero privarme del viejo Story, que tocó directamente el punto: “si la Constitución ordena la destitución, es que supone al acusado todavía en ejercicio de sus funciones cuando se hace la acusación (…) Esto se justifica observando que sería ejercer una autoridad ilusoria la de juzgar a un culpable por un crimen susceptible de juicio político, cuando el principal sujeto de la ley no es ya necesario, ni tampoco puede ser alcanzado; y aun cuando pueda declararse la incapacidad para ejercer empleos públicos, las formas de la Constitución dejan en duda el que esta privación pueda pronunciarse sola, sin ser acompañada de destitución”.

Por cierto, y acudiendo a la vía del absurdo, si se pudiese realizar un impeachment póstumo, como lo que ocurrió con el papa Formoso (891-896), al que después de su muerte el papa Esteban VI (896-897), luego del “sínodo del cadáver”, ordenó que se desenterrara su cuerpo, vestirlo debidamente, juzgarlo y arrojarlo al Tíber; si fuese posible algo así, hasta el mismo Biden podría hallarse en problemas.  Supongamos que en 2023, en las elecciones de medio término se volviesen las tornas y los demócratas quedasen en minoría en ambas cámaras. Y que los  republicanos “deplorables”, ahora triunfantes, aplicando el precedente Trump, exigiesen el impeachment póstumo de Joe Biden, cuando fue vicepresidente de Obama. En ese momento, Biden  se jactó públicamente de haber presionado al entonces gobernante ucraniano para que destituyese al fiscal general que estaba investigando a su hijo Hunter por presuntos actos de corrupción en sus funciones de miembro del directorio de la principal empresa ucraniana de petróleo y gas. Incluso, al parecer, incluyó en su amenaza que, de no cumplirse su pedido, no se giraría al país europeo un adelanto de fondos del FMI. Los acusadores señalarían que esta gestión de un vicepresidente en funciones que utiliza su investidura para gestionar un interés privado sobre una investigación de corrupción que se desarrolla en otro país  constituye la "falta grave" que el art.  II, sección 4a. de la constitución norteamericana establece como causal de impeachment.  De ser condenado por el Senado, privado de la posibilidad de empleo honorífico de la Unión, Biden debería renunciar a la presidencia…

El ejercicio anterior sirve tan sólo para reducir al absurdo la posibilidad de impeachments póstumos a lo papa Formoso que se pretende por Dems + RINOs, que abriría una incontenible e indefinida serie de venganzas circulares dando lugar a  una situación ingobernable. La idea de que tal procedimiento prendiese en nuestra clase política es francamente aterradora.

Lo único que pretende esta guerra relámpago contra un Trump en el piso, dirigida por la Pasionaria de San Francisco, Nancy Pelosi, es declarar la incapacidad política vitalicia del caído. Esto sería una proscripción de por vida, aunque llamarla por su nombre chocaría con la constitución –“no se expedirá ley alguna de proscripción”, art. I, secc. 9. Quizás convendría que en un sinceramiento colectivo se restaurase la venerable institución del ostracismo, para aquellos que se considerasen peligrosos para el sistema, con un destierro de diez años, como el precedente ateniense. Todo ello acompañado de la damnatio memoriae, para acoplarle una institución romana, y eliminar cuanto pudiera recordar al  afectado: imágenes, textos, hasta el nombre. Los romanos lo aplicaban al muerto, pero no habría inconveniente que fuera en vida, con silencio lapidario de los medios de comunicación y redes sociales. Para los argentinos de la tercera edad, algo así como el decreto 4161/56. Sería jugar políticamente a cartas vistas,  y todo aquel que quisiera entrar al garito sabría de antemano las consecuencias, sin necesidad de forzar constituciones ni invocar a la democracia. 

Los demócratas son popularmente conocidos como el partido del burro y los republicanos tienen como animal emblemático al elefante. El partido del burro, junto con algunos elefantes disidentes, está a las puertas de cometer una solemne burrada.-

 


sábado, enero 09, 2021

 

SCOTUS Y EL PRECIO DE ESQUIVAR EL BULTO

 

 

 



Las imágenes de la  tumultuaria entrada de manifestantes en el Capitolio de Washington, mientras el Congreso se aprestaba a tratar la certificación de los votos compromisarios de los electores  resultantes de los comicios de noviembre pasado, lo que obligó a la suspensión de las sesiones, han dado la vuelta al mundo y se prestan a  un abanico de reflexiones.  Solamente voy a tomar un aspecto, propiamente jurídico político, del conjunto de circunstancias que desembocaron en esos sucesos, y es el del certiorari negativo que la Corte Suprema de los EE.UU (SCOTUS) produjo en los autos “Texas  v. Pennsylvania et al.”.  Sostengo que esa decisión fue atacable desde el punto de vista jurídico y, lo que es más serio aún,  al evitar un pronunciamiento de fondo en materia de tal gravedad institucional, privó a SCOTUS de ejercer la función política moderadora y pacificadora que su autoridad  -no su poder- debía poner en acto en esa coyuntura. Estimo que el análisis del fallo y sus circunstancias puede resultar importante como antecedente frente a futuras encrucijadas institucionales que cabe vislumbrar ocurran en nuestro país y el papel que en ellas pueda caberle a nuestra Corte Suprema de Justicia.

 

 

 

Sobre el sistema electoral norteamericano

 

No es aventurado suponer que a estas horas una mitad del electorado norteamericano crea que Donald Trump es un mal perdedor que hasta último momento quiere desconocer que ha sido derrotado en comicios diáfanos, mientras que la otra mitad tenga por cierto que el candidato republicano fue víctima de un fraude fenomenal.  No corresponde aquí terciar en esta pugna, pero sí objetivamente puede anotarse que el sistema electoral estadounidense  es singularmente deficiente y propenso a despertar sospechas de variada índole.  Ello no porque se establezca la modalidad indirecta para la elección de la fórmula presidencial (art. II, secc. 1 y enmienda duodécima), según algunos comentaristas ventilaron erróneamente  en los medios. Tal modalidad, que rigió entre nosotros hasta la reforma constitucional de 1994, presenta cuando menos la ventaja de que el electorado de cada estado o provincia cuenta en alguna medida en el resultado final, mientras que la elección directa considerándose el territorio nacional distrito único, de nuestro art. 94 CN,  teniendo en cuenta nuestra distribución demográfica, provoca que el resultado de la tercera sección electoral de provincia de Buenos Aires resulte decisivo y reduzca a la insignificancia la cantidad de  sufragios obtenidos en la mayor parte de la provincias de nuestra aparente federación. Las falencias del sistema electoral de los EE.UU asoman, por ejemplo, en la dudosa  inscripción en los registros electorales (un viejo amigo radicado hace más de treinta años en los EE.UU, habiendo vivido en tres estados, me asegura que cada vez que fue a inscribirse en los registros electorales llevó su certificado de ciudadanía, que no le fue exigido,  sino en cambio apenas  su registro de conducir), o han aparecido ahora  con la amplia difusión del voto por correspondencia, que computa el empleado de correos luego de verificar que la firma en el sobre coincide con la del registro, pero que a continuación tira el sobre al cesto, impidiéndose cualquier verificación posterior.  Pero lo más problemático –y aquí nos acercamos al caso Texas v. Pennsylvania- es que cada estado y hasta cada condado organiza las elecciones federales según sus propias normas para la celebración de los comicios y validez y recuento de los votos. Las boletas electorales  pueden ser muy diferentes en cada estado y hasta dentro de cada uno de ellos, ya que en un municipio pueden usarse en papel impreso y en otros con urnas electrónicas, lo mismo que para los votos por correspondencia enviados a los comités electorales municipales. Reténgase, pues, que toda modificación de las normas electorales en un estado o condado, respecto de las elecciones federales, asume una gran importancia y debe ser objeto de riguroso control de validez.

 

Texas v. Pennsylvania et al., desde el accionante

 

El 8 de diciembre pasado, el estado de Texas inició una acción ante  SCOTUS para el más alto órgano jurisdiccional se pronunciase acerca de si hubo o no fraude en la elección presidencial de noviembre. Una acción tan audaz como interesante en su planteo, como veremos, pero para nada calificable de temeraria. Alan Dershowitz, notorio abogado y profesor de Harvard, la calificó como “creativa”, pero también un “pase de Ave María”, aludiendo a una jugada del fútbol americano de última chance, a todo o nada, encomendada a la Virgen y quizás efectuada a destiempo.

La cuestión planteada por Texas contra otros cinco estados de la Unión  se resume así: “si el Tribunal Supremo debería evitar que Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte  y Wisconsin certificaran los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, porque los cambios en los procedimientos de elección estatales realizados en ellos en virtud  de la pandemia del COVID-19, vulneran la Constitución federal”.  De no certificarse tales resultados, favorables al candidato demócrata, éste no podría alcanzar el mínimo de electores requeridos por la constitución y correspondería que la elección la efectuase la Cámara de Representantes. Lo que Texas ataca en su demanda son los cambios introducidos en esos estados clave respecto de los procedimientos electorales, dirigidos a  reducir las normas de seguridad para el voto electrónico y por correo, donde se habrían registrado numerosas irregularidades. La queja constitucional del requirente es que esos cambios no resultaron de actos legislativos, sino de decisiones  de la rama ejecutiva.  La constitución (art. II, secc. 1) establece que los electores de cada estado se nombrarán “del modo que su legislatura lo disponga”. No habiendo intervenido las legislaturas, esos cambios normativos resultan contrarios a la constitución. Tal, para decirlo en los términos de nuestra jerga jurídica, la “cuestión federal” planteada por Texas, que resultaría una cuestión federal compleja directa,  ya que se cuestiona una norma estatal como contraria a la constitución federal. Esa norma estatal cuestionada tiene relación directa e inmediata con el asunto debatido: la posibilidad de certificar la elección de los votantes compromisarios de cada uno de los estados cuestionados.  El recurrente lo sintetiza así: cuando órganos no legislativos estatales y locales…no cumplen las leyes electorales debidamente aprobadas, su actuación  de facto equivale a una modificación no permitida de la ley electoral del estado efectuada por un cargo ejecutivo o judicial”. Ello  es siempre inconstitucional, pero es particularmente desarreglado cuando suprime las garantías legislativas para la integridad de los comicios”.

Tenemos, pues, la cuestión constitucional. Pero, ¿cómo justifica el estado de Texas su interés en atacar la constitucionalidad de una norma de otro estado? ¿En qué lo afecta? En otros términos, ¿de dónde surge su legitimación activa? El requirente manifiesta que el estado de Texas como tal, no sus ciudadanos[1], han sufrido “un daño de hecho”. Porque los estados recurridos han nombrado electores en forma inconstitucional, que se oponen a los electores designados por el estado recurrente, “ello –concluye- busca dar al traste con los intereses del estado demandante”.

SCOTUS, de acuerdo con el recurrente, debe entender en la acción en virtud de su competencia originaria, ya que se trata de una controversia entre dos o más estados (art. III, secc. 2). Esto es de fácil comprensión en nuestro ámbito jurídico, ya que la constitución establece similar disposición (arts. 116 y 117 CN). De todos modos, conviene precisar la cuestión para el lego. SCOTUS, como nuestra Corte, puede actuar como órgano de apelación extraordinaria, luego de instancias previas, o como órgano de competencia “originaria y exclusiva” (art. 117 CN), lo que surge de la naturaleza del asunto. Cuando se trata de controversias entre provincias, en nuestro caso, o entre estados, en el caso norteamericano, corresponde la competencia originaria, dirimiéndose la cuestión directamente ante el más alto tribunal. La distinción entre ambas formas de competencia conlleva consecuencias muy importantes. Mientras que en la competencia derivada, por vía de apelación, SCOTUS  (como nuestra Corte) con un gran margen de discrecionalidad, pudiendo rechazar el tratamiento a través de un  writ of certiorari[2] negativo, en el caso de la competencia originaria el alto tribunal carece de discrecionalidad admisiva, porque se trata de un imperativo constitucional. El requirente, para allanar la admisión, recuerda también que su planteo no puede considerarse una cuestión política no justiciable –aunque las consecuencias sean ineludiblemente políticas. Refuerza su argumento con un precedente –Baker v. Carr (1962)- sobre judiciabilidad de una cuestión comicial, y agrega que no existe otro remedio procesal para que un estado cuestione la constitucionalmente defectuosa gestión de las elecciones presidenciales en otro estado, apoyándose ahora –como buena argumentación del common law- en un precedente británico de 1774., que estableció que cuando no existe otra modalidad de juicio, corresponde entiendan “los tribunales del rey”. Hasta aquí Texas.

Cabe agregar que el 9 de diciembre diecisiete estados norteamericanos (Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississipi,  Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennesee, Utah y Virginia Occidental), más el propio presidente Trump se presentaron como amici curiae en apoyo a la pretensión tejana.

La decisión de SCOTUS

Los estados recurridos contestaron la pretensión el 10 de diciembre, pidiendo su rechazo.  Pensilvania calificó la demanda como un "abuso sedicioso del proceso judicial". Los estados instaron a que los magistrados "envíen una señal clara e inequívoca de que tal abuso nunca debe repetirse". También del  lado de los requeridos hubo apoyo de amici curiae: los  procuradores generales del Distrito de Columbia, dos territorios de EE. UU. (Guam y las Islas Vírgenes) y veinte estados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México , Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, presentaron un escrito en apoyo de los  demandados.

Un argumento que recorría buena parte de los blogs jurídicos era que siendo los estados de la federación norteamericana entidades autónomas, uno de ellos no podría cuestionar los actos de otro que los realizara dentro de su esfera propia de competencia. De hacer lugar a la petición, y que un estado pudiese impugnar normas de otro pondría en peligro el mismo pacto federativo, allanando las autonomías respectivas. Quedaba en pie, sin embargo, la cuestión de si un estado podía, en materia de las elecciones federales presidenciales, dejar de lado la manda constitucional de que los electores fueran designados mediante decisión legislativa y no meramente ejecutiva. El punctum dolens, en todo caso, era el alcance de la legitimación activa de un estado para demandar en nombre de tal cuestión constitucional a otro invocando un -¿supuesto?-  perjuicio que de ese modo sufrirían sus propios compromisarios.    

Por otra parte, era obvio que los ministros de la Corte tendrían muy presente, al momento de fallar, lo que el cuerpo experimentó en el año 2000, cuando le tocó decidir  en el caso Bush v. Gore, donde  por mayoría se decidió detener el recuento ordenado por un tribunal del estado de Florida, de más de  61.000 votos que las máquinas de tabulación de sufragios habían omitido. Ello permitió el triunfo de  Bush sobre Gore, al obtener automáticamente los votos compromisarios, siendo un detalle no menor que el gobernador del estado era Jeff Bush, hermano del candidato triunfante. Los actuales jueces Clarence Thomas y Stephen Breyer componían el tribunal supremo en aquella  época. Otros, como Kavanaugh y Barrett, habían integrado los equipos de abogados republicanos que pergeñaron la argumentación de Bush. En fin, los dos citados y Gorsuch habían sido designados durante el mandato de Trump. Podía con razón suponerse  que ninguno de los actuales ministros desearía sufrir, en lo personal y en lo institucional, un menoscabo como el que supuso para SCOTUS su intervención en un asunto tan sensible. ¿Ponerse a considerar la posibilidad de abrir la puerta a un recuento en cinco estados donde se denuncian condados  en los que han existido más votos que habitantes, votos por correo emitidos fuera de plazo que se computaron de forma irregular, votos por correo que se antedataron para hacerlos aparecer con fecha anterior, etc.?

Por cierto el estado requirente, previendo esta infeliz memoria, había solicitado  que se detuviera en los estados recurridos la certificación de la victoria electoral de Joseph Biden. En tal supuesto, dado que ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría necesaria de electores, la decisión recaería en la Cámara de Representantes, donde la representación de cada estado tendría un voto (enmienda 12ª). Esto es,  el peso de tal responsabilidad quedaría deferida a la political branch,  a la que el poder judicial simplemente le habría entornado la puerta…Menuda carga sobre los hombros de nueve Justices.

Los jueces deben decidir, sabemos los abogados. Aunque veces  intentan alguna coartada técnica para escapar por la tangente.  Tom Goldstein, el editor del prestigiosos “SCOTUS blog” (www.scotusblog.com), percibiendo algo en el aire, lanzó el 11 de diciembre una entrada bajo el título: “No rechacen la acción de Texas: destrócenla”.  Con independencia de su opinión, algunas consideraciones eran bien perspicuas: “la decisión (…)  debe tener en cuenta este momento extraordinario y peligroso para nuestra democracia. El presidente Donald Trump, otros republicanos partidarios y los comentaristas alineados han convencido firmemente a muchas decenas de millones de personas de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas. Si ese punto de vista continúa afianzándose, no solo amenaza nuestra política nacional durante los próximos cuatro años, sino también la fe básica del público en las elecciones de todo tipo que son los cimientos de nuestra sociedad (…) de tanto en tanto, la Corte necesita invertir parte de su capital acumulado en emitir fallos que no solo son legalmente correctos, sino que también responden a amenazas inminentes y tangibles a la nación (…) en un momento tan profundamente polarizado, no puedo pensar en una persona, grupo o institución que no sea la Corte Suprema que pueda hacer lo mejor para el país (…) si la corte dice la verdad, el país escuchará”.

Ese mismo 11 de diciembre la Corte falló[3].  La petición del estado de Texas para la admisión de su demanda se deniega por falta de conformidad con el art. III de la Constitución. Texas no ha demostrado la existencia de un interés legítimo en lo que atañe al modo en que otro estado establece sus elecciones. Las restantes solicitudes pendientes se rechazan como simple suposiciones.  Manifestación del juez Alito, a la que adhiere el juez Thomas: es mi parecer que carecemos de discrecionalidad para denegar la admisión de una demanda en un caso que cae bajo nuestra competencia originaria (vid. Arizona v. California 589 US (feb. 24, 2020, voto en disidencia de Thomas, J.).  Por lo tanto, yo hubiera admitido el trámite de la demanda, sin otorgar ninguna medida ni expresar opinión sobre cualquier otra cuestión”.

Alguien que antes de la pandemia haya fatigado los pasillos de nuestros tribunales podría afirmar: “lo plancharon con el 280”[4]. Más técnicamente, le aplicaron un certiorari negativo.  Ya vimos que certiorari crea para SCOTUS un amplio campo discrecional en el caso de causas que lleguen por derivación de las anteriores instancias (lo mismo acaece con nuestra CSJN, a partir del art. 280 CPCyC). No existe en la legislación estadounidense un criterio que establezca cuándo SCOTUS puede admitir este tipo de asuntos: la tradición no escrita es que el certiorari positivo se abre en el momento que cuatro ministros votan favorablemente a admitirlo.  Y si no, hasta sin dar razones o destilarlas muy lacónicamente, se inadmite.

 Pero, en el caso de la competencia originaria, que es un imperativo constitucional, tal esfera de discrecionalidad no existe, como afirma la disidencia de Alito y Thomas. En la constitución norteamericana (art. 3, secc. 2), como en la nuestra (art. 117), la competencia del supremo tribunal por apelación está sujeta a “las reglas y excepciones que prescriba el Congreso”, que legisló acerca del certiorari; no así cuando ejerce una competencia “originaria y exclusiva”, derivada directamente de la constitución.  Por otra parte, la cuestión de la legitimación activa, que no habría sido suficientemente acreditada, sólo podía y debía ventilarse en el pronunciamiento de fondo, cualquiera fuera éste, no como artículo previo de inadmisión. Dershowitz, un demócrata señaló que la mayoría del tribunal envió un mensaje no legal pero práctico: “La Corte está fuera de este juego”[5]. El problema es que, como institución política a la cabeza del poder judicial –al igual que nuestra Corte- está necesariamente en el juego, y debe tratar de jugarlo por encima de la pugna partidista. En un momento de los EE.UU. en que se agudiza un patético empuje a los extremos, la Corte Suprema de los EE.UU. prefirió esquivar el bulto.  Los argentinos conocemos bien el precio que se paga cuando una institución basilar como la agencia judicial busca inspiración en el Viejo Vizcacha.  En los EE.UU. no está en juego sólo la credibilidad en  su  deficiente y caedizo sistema electoral, sino la de su entero sistema político y su destino como potencia mundial. Nada de esto nos puede resultar ajeno.-

 

 

 

 

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[1] ) De considerarse afectados los ciudadanos, sería de aplicación la enmienda 11ª: “el poder judicial de los EE.UU. no debe interpretarse que se extienda a cualquier litigio (…) que se inicie o prosiga contra uno de los estados unidos por ciudadanos de otro estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero”

[2] ) “Certiorari” es una forma verbal latina que significa “estar ciertos”

[3] ) Ver www.supremecourt.gov/orders/courtorders/121120zr_p860.pdf

[4] ) Art. 280 CPCyC: “…La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia…”

 

[5] ) https://www.newsmax.com/politics/dershowitz-texas-lawsuit-supremecourt/2020/12/11/id/1001178

martes, enero 05, 2021

SOBRE CRETINOS OBEDIENTES

Extraña peripecia la de la palabra “cretino”. El cretino es un idiota, un imbécil, un estúpido. Pero el habla popular lo ha cruzado con otra acepción: el cretino es un cínico, una clase especial de cínico. Para decirlo en términos más precisos, un desvergonzado, un turro que se parapeta bajo una emulsión de imbecilidad: “¡me hizo flor de cretinada!”. La etimología confunde. Deriva del francés que se habla en el cantón valesano de la Suiza francófona. “Crétin” equivalía allí a “cristiano”. ¿Cómo se pudo llegar al significado actual? Tenía en su origen una carga afectuosa. Se aplicaba a los niños que presentaban un atraso en su desarrollo físico, intelectual y afectivo, que luego se descubrió era debido a una deficiencia congénita de la tiroides. En el cantón valesano, por dietas con falta de yodo, la enfermedad alcanzó proporción endémica. Esos chicos eran “crétins”, “Chrétiens”, en el sentido en que “cristiano” se usaba hasta hace no tantos años, alguien como nosotros que debe ser comprendido aun en sus defectos -“es sonso el cristiano macho/cuando el amor lo domina”-, hacer camino con él y socorrerlo si cabe. “Cretino” = cristiano = inocente que debe ser protegido. Luego, la enfermedad descripta fue catalogada como “cretinismo”. Y más tarde la palabra dio una vuelta de campana y llegó a su significado actual. Volvamos a los cretinos tal como los conocemos y sufrimos hoy. Vale la pena retroceder algunos años y situarnos en Italia, donde “cretino” resuena a menudo en el habla popular. En 1931, Benito Mussolini nombró secretario general del Partido Nacional Fascista a Achille Starace. Este hombre, pluricondecorado en la Primera Guerra Mundial y reconocido gimnasta, no estaba -sin embargo- a la altura de su cometido. Giuseppe Bottai, ministro de Educación, culto y refinado, se apersona entonces a Mussolini y le espeta: "Duce, ¿cómo puede nombrar a Starace? ¡Es un cretino!". Mussolini le contestó: "Sí, es un cretino. Pero obedece" . Además de mostrar la lógica de onda corta del poderoso, la anécdota revela a los argentinos de hoy que cuando se buscan obedientes, sobran cretinos postulantes. Una muestra la tuvimos en el chalaneo a que dio lugar en ambas cámara del Congreso el dictado de la ley que legalizó el aborto. En especial, la trata de los votos de los llamados indecisos, que cotizaron alto la voltafaccia de su voto negativo en el 2018, entre pucheritos, llantos y denuncias de amenazas. Cinismo de cretinos, cretinos “fosforecentes”, cretinos indelebles, crema de cretinos de la democracia criolla. Cretinos obedientes al mandato global del espíritu del tiempo. Cretinos incurables y perdurables.-



1) En justicia, y por lo que sigue, debe añadirse que Achille Starace, mandado a un campo de concentración por los propios fascistas, fue en abril de 1945 sacado de allí y "juzgado" por los partisanos, que lo arrastraron al Piazzale Loreto, ejecutándolo después de torturas y sevicias, ante los cadáveres colgados de Benito Mussolini y Claretta Petacci. Murió haciendo el saludo romano, con gran entereza. Si quizás había vivido como un cretino, murió como todo un hombre y merece el respeto postrero a la lealtad y al coraje.-

viernes, noviembre 13, 2020

EL PACTO KIRCHNER-VERBITSKY





Agradezco a los amigos y cofrades de Justicia y Concordia que me hayan honrado señalándome para compartir esta presentación con Agustín Laje. Mientras iba leyendo el libro y reviviendo las circunstancias del pacto que pone de manifiesto, me surgió la amargura de un sarcasmo: antes que pacto, que puede haberlos beneficiosos y sólidos, pensé, esto fue un trato pampa, o como le gustaba fulminar a don Hipólito Yrigoyen, un contubernio, componenda entre los bajos fondos de la casta política y los bajos fondos de la insurrección ideológica. Pero de poco vale ahora el sarcasmo. Porque el pacto triunfó. Se llevó puesta a la política, en cuanto destruyó la posibilidad de la concordia, de la paz interior, que es el zócalo imprescindible de la edificación del bien común. Se llevó puesto también al derecho, puesto que cercenó sus pedestales, oscureció sus certezas, anuló sus garantías para los unos al tiempo que afianzaba la impunidad para los otros, y puso la adjudicación de lo suyo de cada uno en manos de una agencia judicial colonizada por influyentes y repetidores ideológicos. El mal que hicieron lo hicieron bien. Demolieron bien, porque destruir es fácil. Lo difícil y largo es construir. Y la única base que tenemos hoy para construir son esas multitudes de ciudadanos de a pie que se convocan por propia voluntad con su bandera para cantar el himno, ya van ocho veces este año. En 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia con una hoja de ruta que incluía descabezar al poder judicial, comenzando con la Corte, que había sido objeto, durante la presidencia de Duhalde de un pedido de juicio político contra seis de sus miembros que no había prosperado. La Corte debía pagar, ante todo, por haber dictado los fallos “Smith” –febrero de 2002, sobre el corralito- y “Provincia de San Luis” –marzo de 2003-sobre la pesificación-, concluyendo, en saludable ejercicio de control de razonabilidad e independencia del poder político, en la inconstitucionalidad de los decretos que los habían establecido. Iba así en contra del antecedente “Peralta”, que había echado óleo de constitucionalidad sobre el decreto que ordenó la confiscación del Plan Bonex en 1990. Se necesitaba en el 2003, convalidar aquellas normas del corralito y del corralón y, para ello, degollar a cinco ministros –esta vez tomados de uno en uno, como aconsejó también Lilita Carrió- e ir a por la Corte propia. Kirchner anuncia por cadena nacional la promoción del juicio político (no es que el art. 53 dice de la Cámara de Diputados que “sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado”…, minucias, enormes minucias) cuando el tribunal estaba a punto de fallar una causa en que iba a ratificar su criterio. Aquí entra a jugar el otro personaje del Pacto: Horacio el Perro Verbitsky. Ya se había entrevistado con Kirchner cuando éste era aún presidente electo –electo por abandono- y allí el Perro, un viejo conocedor de la Corte, que años atrás había escrito “Hacer la Corte”, favorecido por sus vínculos con el ministro Enrique Petracchi, donde echa a correr el mote de “Corte de la mayoría automática” que, aunque no acreditable al examen de los fallos, tendrá amplio eco. Verbistsky, al frente del CELS, le propone a Néstor otro negocio, de gran rédito político, que el santacruceño no había percibido: la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida y el procesamiento al barrer de los integrantes de las fuerza armadas y de seguridad involucrados en cualquier grado en las operaciones de contrainsurgencia. Mientras que uno de los cursos de acción permitiría tranquilizar al fisco, a los banco y a los grandes deudores en dólares “pesificados”, el otro, el de los juicios de lesa humanidad, le permitiría al oscuro santacruceño entronizarse como héroe moral. El ex intendente de Río Gallegos y ex gobernador de Santa Cruz vio allí, a través de las palabras sugerentes del Perro, abrírsele a él, preocupado hasta ese momento ante todo por la “acumulación primitiva” –para usar una categoría de Marx que el Perro habría podido explicarle muy bien- un horizonte de pompa moral insospechado. Que, de paso, y en un momento en que la casta política se encontraba su nivel más bajo de desprestigio –el “que se vayan todos” estaba aún fresco- le daba al colectivo partidocrático la oportunidad de rehacerse una virginidad a través de un chivo expiatorio (y “explicatorio”, como añadieron Les Luthiers): los sistemáticos represores. Yendo a los bifes, le habrá dicho el Eternauta que eso requería hacerse de los tribunales federales penales y del Consejo de la Magistratura, y quizás le contó la manera divertida en que él, por consejo del hoy procurador del Tesoro, Carlos Zanini, se había sacado de encima al procurador general de su provincia, el doctor Eduardo Sosa, que había iniciado unas molestas investigaciones. Lo hicieron creando dos nuevos cargos con las mismas funciones del anterior –agente fiscal y defensor de pobres- y eliminando el de procurador. El doctor Sosa, como ustedes saben, litigó durante catorce años, rechazó compensaciones monetarias que le ofreció la provincia y obtuvo un fallo favorable de la Corte en 2009, que nunca pudo cumplirse (a falta de vigilante y porque se adujo que el cargo ya no existía). La superioridad moral estaba asegurada. A fines del 2006, la senadora Cristina Fernández de Kirchner impuso la sanción de una ley que reducía los miembros del Consejo de la Magistratura de modo que el gobierno pasó a controlar las mayorías necesarias. Inmediatamente después, comenzó la ofensiva contra la Cámara Nacional de Casación Penal. Dijo por cadena el presidente que había que “apurar las condenas a los militares” (¿Cómo: no instaba a sentenciar sino a condenar? ¿No juicio y condena sino condena y juicio? ¿Y esto no es intromisión del Ejecutivo en el Judicial? Minucias, enormes minucias). Y ahí estamos a las puertas del trato pampa, contubernio o simplemente pacto que la obra desarrolla detalladamente. Pacto que, se nos informa, cuenta con un programa ideológico contenido en el D. 1086/2005, firmado por el presidente Kirchner. Alberto Iribarne, ministro de Justicia, y Alberto Fernández, jefe de gabinete. El título es “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación”. El único artículo remite a un Anexo que no se publicó en el B.O. La obra nos da un panorama de las 261 páginas del Anexo. Leyéndolo, uno piensa, “ese futuro ya lo conozco”: educación que respalde el aborto y la elección de sexo, promoción de las creencias y reivindicaciones de los pueblos originarios, reestructuración de las fuerzas de seguridad, etc. Quince años después podemos repetir aquello de nihil novum sub sole que dijo el Eclesiastés. Y darnos cuenta de que lo que faltan todavía algunos episodios para que se nos inflija el programa completo. Ya sabemos cómo continuó la historia, A partir de la jurisprudencia establecida por nuestra Corte Suprema de Justicia y tribunales federales penales inferiores, en los juicios de lesa humanidad, que el mismo alto tribunal calificó de “política de Estado”. Se estableció un derecho penal y procesal penal de dos velocidades: una, para los juicios ordinarios, donde, en principio, rigen las garantías del proceso justo y los principios básicos del derecho penal liberal; otra, para los juicios contra represores por delitos de lesa humanidad, donde aquellas garantías no tienen vigor y aquellos principios pueden y hasta deben ser dejados de lado. Nuestro país, como se sabe, transitó dos caminos distintos respecto de los delitos cometidos tanto por dispositivos estatales o paraestatales como por organizaciones terroristas, durante los años 70 y 80. El primero fue inaugurado por el entonces presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 con los decretos 157 y 158, por los que se ordenaba enjuiciar tanto a las juntas militares de 1976 a 1983 como a dirigentes de las organizaciones Montoneros y ERP. Las principales etapas de este camino fueron las leyes de punto final y obediencia debida de 1986 y 1987, los indultos dictados por el gobierno posterior y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia entre 1987 y 1993, que convalidaron la constitucionalidad de todas aquellas disposiciones. Se iniciaron entonces unos “juicios de la verdad”, en puridad instancias para que víctimas y familiares pudiesen llegar a certidumbres sobre sus deudos a través de quienes los enfrentaron, pero sin instrumentos que permitiesen la no incriminación, como habría sido la mediación, por ejemplo, por lo que se frustró todo resultado positivo, si es que alguna vez se lo buscó en realidad. A través de esta carencia de un mecanismo que posibilitara la elaboración del duelo por las muertes y desapariciones de insurgentes o tenidos por tales, el “argumento de Antígona”, con toda su potencia moral, quedó como patrimonio de uno de los bandos, circunstancia aprovechada integralmente por los pactantes. El otro dispar camino arrancó en 2003, a partir del pacto, jalonado por diversos fallos en los que la Corte Suprema de Justicia, con algunos de sus integrantes que se habían expedido por la constitucionalidad en los fallos anteriores, procedió a nulificar aquellos decisorios y las leyes antecedentes, sentando la imprescriptibilidad de los actos cometidos desde la órbita estatal y paraestatal exclusivamente. La tipificación de los delitos de lesa humanidad se estableció a partir del derecho consuetudinario internacional, nunca acreditado, aunque la costumbre debe ser probada, reajustándose así, en esta mudanza, los principios clásicos:  Principio de legalidad, de ley previa y escrita, en cuanto a la predeterminación normativa tanto del tipo penal como de la escala pena aplicable.  Principio de irretroactividad de las normas penales, y de su correlativo en el derecho internacional público, que es el de intertemporalidad (los hechos deben ser juzgados a la luz del derecho vigente cuando ocurrieron)  Principio de irrevisibilidad de la cosa juzgada y del non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por la misma causa).  Principio de interpretación de la ley penal pro persona, de donde deriva el in dubio pro reo y la aplicación de la ley penal más benigna.  Prohibición de la interpretación analógica de la ley penal contra el imputado.  Invocación dogmática de la costumbre internacional como sucedáneo de la ley penal escrita, sin probar esa costumbre y atribuyéndole fuerza imperativa (jus cogens).  No aplicación de la obligación asumida por el país de conformidad con el Pacto de San José de Costa Rica de que los juicios duren un “plazo razonable” y se eviten las prisiones preventivas de duración indefinida.  Agravamiento de las condiciones carcelarias para procesados y condenados cuya edad promedio ronda los sesenta años. Ni el Estatuto de Roma ni su interpretación por la Corte Penal Internacional, para referirnos a un nivel global, han querido apartarse de una sujeción estricta al principio de irretroactividad de la ley penal, consecuencia de principio de legalidad previa, lo que muestra las particularidades del criterio local. En síntesis, se les aplicó a los que de cualquier manera y con cualquier grado de participación estuvieron en la contrainsurgencia, un “derecho penal del enemigo” y fueron objeto de un lawfare como el que enérgicamente denuncian la vicepresidente Cristina Kirchner y sus aláteres haber sufrido y estar sufriendo. Con la diferencia que están todos en libertad y que los tribunales son muy respetuosos de sus derechos, como para todos debería ser. Como sea, cabe a esta altura una reflexión más allá de la cuestión jurídica, sobre los efectos que estos vaivenes han tenido en lo profundo de nuestra sociedad. Porque las alteraciones de raíz en los criterios judiciales, independientemente de su valoración técnica, tienen efectos expansivos sobre las sociedades, muchas veces no advertibles de inmediato, pero que en algún momento afloran. En su disidencia en el caso “Mazzeo”, la doctora Carmen Argibay –víctima ella misma, en su tiempo, de detención durante el Proceso- advirtió sobre el peligro de considerar “trivial y contingente” la autoridad de cosa juzgada en una sentencia, ya que ello podría abrir la posibilidad de que otra composición de los estrados hiciese valer luego su parecer contrario, impidiendo así el cierre definitivo de cuestiones que conllevan heridas profundas abiertas sobre disentimientos extremos en el cuerpo social. La reflexión apunta a la circularidad que deja abierta la llaga y conduce a la respuesta vindicativa, en un patético empuje a los extremos. Los argentinos estamos envueltos en el ciclo de una violencia recíproca desatada en escalones de constante ascenso. Las instituciones aparecen desprestigiadas y sus voceros no traen respuestas creíbles. Asoma, sobre todo, la fragilidad de la administración judicial para gestionar a través de sus resortes procesales estos conflictos profundos. El estrado judicial se muestra casi obligado a forzar en muchos casos los principios recibidos y aceptados. Como muestra, citaré apenas el “caso Muiños”, el del 2 x 1, aplicación de la ley más benigna, de mayo de 2017, la posterior ley “interpretativa”, ley mamarracho que, de todos modos, no podía aplicarse retroactivamente, y el fallo “Batalla”, de diciembre de 2018, donde con una voltafaccia de dos ministros, se establece que la ley más benigna no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, con la única oposición del dr. Rosenkrantz, que ha quedado en el papel de solitario disidente, como lo fue en su tiempo el dr. Fayt. Se llevaron puesta la certeza jurídica, que es el andamiaje que mantiene unida a la sociedad, porque garantiza las condiciones de la acción y se yergue como la específica eticidad del derecho, como decía en su clásica obra el jurista italiano López de Oñate. Frente a la atención pública, la agencia judicial, giróvaga y veleta, aparece como inocua ante la delincuencia común y sin arrojar verdad ante los crímenes de los 70 y 80. La venganza privada, ciega y pulsional, asoma ahora con frecuencia. Las víctimas, en todos los casos, requieren reconocimiento y las certidumbres que contribuyan a cerrar su duelo. Trato adecuado a la víctima y trato justo al reo no se obtienen demoliendo el derecho. Pero es el tiempo de los “jurisclastas”, como hace mucho fue el de los iconoclastas, los adversarios de las imágenes sacras. Se nos sigue machacando, por otra parte, con una memoria hemipléjica, concentrada entre 1976 y 1983, de lo que fue, desde mediados de los años sesenta del siglo pasado, una guerra civil, bajo la impronta de la guerra revolucionaria, por medio del ejercicio del terrorismo a través de diversos grupos armados, que dio lugar a una respuesta en términos de guerra contrainsurreccional, a cargo, especialmente, de las fuerzas armadas y de seguridad. Nuestra guerra civil fue un escenario secundario y periférico de la guerra civil global que enfrentaba a escala planetaria a la república imperial de los EE.UU. de Norteamérica, y sus aliados y satélites, con el imperio soviético –la ex URSS- y sus aliados y satélites. El enfrentamiento directo entre ambas superpotencias estaba descartado por efecto de la “mutua destrucción asegurada” y, por lo tanto, las escaramuzas se libraban en los arrabales, como fue nuestro caso. La historia íntima de nuestra guerra civil revolucionaria/contrarrevolucionaria se encuentra, en sustancia, en los archivos del Departamento de Estado y de la CIA, de la KGB y del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que manejaba la beligerancia en nuestro subcontinente. Este episodio suburbano de la guerra civil global dejó en nuestro país un terrible saldo de muerte, luto, llanto, dolor, suplicios, torturas y, sobre todo, odios y rencores tenaces y cruzados; en suma, un pozo de discordia. La memoria y la historia comunes constituyen el cemento de los grupos humanos, bajo una forma particular de narrarlas. Cuando se absolutiza esa particularidad, sin reconocer las otras narraciones, que es lo que ha pasado entre nosotros, suelen convertirse en una pesadilla de la cual resulte difícil despertar, cuyos horrores pueden trasladarse a la realidad, y repetirse duplicados. La sangre vertida en el pasado justifica, entonces, volver a hacerla correr en el presente. Los argentinos llevamos hoy, colectivamente, una vida desdichada. Nuestros pasos se encaminan desorientados tras los culebreos de dos viejas damas ruines y destructivas: la discordia constante y la corrupción medular. Todo lo que intentamos construir sobre este barro, todo lo que queremos instituir –instituir viene de un verbo latino que significa mantener recto, erguido- se nos viene en banda inmediatamente, como si pretendiéramos levantar pirámides con bolas de billar. Llevamos en la boca el gusto a ceniza del fracaso y la sensación de fastidio colectivo. El odio está de moda. Y el odio persistente es agobiante. No sólo tiene sus profetas sino también sus ejecutores. Y hasta sus pactos, como vimos. Las luchas intestinas, en sucesivas recaídas, han dejado catálogos de muerte y de dolor. Y un hilo rojo hecho de rencores que las hilvana. Nuestra política actual parece, muchas veces, una imitación de guerra civil. Nuestros tribunales parecen también muchas veces continuar la guerra civil por otros medios. Quizás se muestre allí un síntoma de inmadurez colectiva. Preferimos seguir librando las guerras internas del pasado, cuyo resultado creemos conocer, antes que asumir los riesgos del presente, con sus incógnitas abiertas. Todas las guerras civiles de la historia del mundo, cuando no han terminado por el exterminio de la facción enemiga, se han clausurado por una amnistía, desde la primera de la que se tenga registro, tras la guerra del Peloponeso, una guerra fratricida entre los pueblos y ciudades de Grecia, cuatrocientos cuatro años antes de Cristo. Es un acto recíproco de olvido. No es un acto gracioso o una limosna. Quien recibe la amnistía debe devolverla y quien la da debe saber que él también la recibe. Pero nosotros hemos cerrado ese camino político, contra el que se aducen inconsistentes argumentos jurídicos. Otra vía, abonada por jurisprudencia de la propia Corte Suprema desde largo y el Pacto de San José de Costa Rica, declarar por los estrados la insubsistencia de la acción penal por hechos ocurridos cuarenta años atrás que vienen arrastrándose en expedientes inacabables, también ha quedado hasta ahora bloqueada por la interpretación dominante. Un reciente fallo de Casación interpreta la acción contrainsurgente como un “genocidio” perseguible en todo tiempo y lugar. En nuestra época de guerra civil global y estado de excepción permanente, el enemigo, visto como radicalmente otro e incluso despojado de su condición humana, resulta demonizado y privado, como dice Milan Kundera, “hasta de la dolorosa gloria del fracaso”. Me gustaría terminar estas palabras con un mensaje optimista, y decirles que el pacto que la obra presenta es cosa del pasado. Pero no podemos mentirnos a nosotros mismos. Sus consecuencias se siguen desarrollando ante nuestros ojos. Para remontar nuestros desgarros y confusiones del presente, volvamos a un momento a los antiguos, a las fuentes culturales. Y discúlpenme que recuerde cosas bien conocidas. Para aquellos antiguos, la finalidad de la política no era el mero coexistir, el estar momentáneamente juntos, sino el convivir, y el convivir bien, la vida buena, que permite lograr ese bien que individualmente no podemos alcanzar: el bien común. Ellos decían, también, que la concordia, que llamaban la “amistad política”, integra y fundamenta el bien común. Es la condición y también el coronamiento de toda obra común en vista del bien general. La concordia supone, primero, coincidencia en el orden de la acción respecto de unas pocas, pero básicas, aspiraciones de una colectividad y, luego, una concordancia de sentimientos (con-cordia, corazones al unísono) acerca de un patrimonio común, acerca de esa comunidad insustituible que hasta hace un tiempo llamábamos patria y que hoy no representa ni siquiera su último baluarte, la camiseta del seleccionado. Para nombrarla, se necesita recordar la voz de los poetas: “necesaria y dulce”, “inseparable y misteriosa”, la llamó Borges; “un dolor que aún no tiene bautismo”, escribió Leopoldo Marechal. El único programa posible en el que los argentinos podríamos pactar en buena consciencia es rehacer la concordia por medio de su instrumento, legítimo y constitucional: la amnistía dictada por el Congreso o la declaración de insubsistencia de la acción penal por sentencia definitiva de nuestra Corte Suprema. Uno u otro camino requerirían una decisión política que recoja la necesidad de reconstruir la paz interior para las generaciones presentes, sin dejar ese lastre para las que vendrán. No podemos seguir reabriendo tumbas para cavar más hondo las trincheras. Es la hora de lo que los antiguos llamaban pietas, un sentido sacro de construir la concordia y la comunión en este suelo. La concordia, la paz interior, es constituyente por excelencia. La concordia, que dejaría atrás definitivamente el trato pampa de que trata el libro, debería ser nuestro pacto constituyente. -

martes, septiembre 15, 2020

VOLVIÓ LA ZANJA DE ALSINA, PERO EL MALÓN ESTÁ MÁS CERCA








Corte de la Zanja de Alsina



Entre 1876 y 1877, desde Nueva Roma[1], a unos cuarenta kilómetros de Bahía Blanca, hasta Italó, en el sureste de Córdoba, se cavó una zanja de casi cuatrocientos kilómetros, destinada a impedir o dificultar el malón. Fue durante la presidencia de Avellaneda y era su ministro de Guerra Adolfo Alsina. Alsina, el caudillo del autonomismo porteño, de barba poblada y físico imponente, capaz de amainar guapos en cualquier boliche o apabullar letrados con su versación jurídica, ideó este recurso ante el avance de la indiada. Desde la caída de Rosas se habían roto los pactos con los indios, confederados bajo dominio araucano y, hasta unos años antes (1873), el gran Cafulcurá asolaba las tierras pampeanas con miles de hombres de lanza.  El negocio era robar el ganado y llevarlo a Chile por la Rastrillada Grande o Camino de los Chilenos, más el botín y las cautivas, que permitían asegurar la reproducción de nuevos guerreros para las empresas de estos seminómadas –cuya progenie real o supuesta hoy reclama al por mayor tierra, como si sus antecesores las hubieran poblado y cultivado.  La idea de Alsina era impedir el maloqueo y el traslado del botín. La zanja era uno de los instrumentos para ello: tres metros de ancho, dos de profundidad y un terraplén de un metro sobre los bordes. Fue diseñada por el ingeniero francés Alfredo Ebelot, que ha dejado una muy valiosa obra sobre sus experiencias en el terreno. El indio podía sortearla con alguna dificultad, pero el ganado no. Allí intervenía el otro instrumento, que era la línea de fortines, intercomunicada por medio del telégrafo. Las tropas  podían intervenir más ventajosamente  sobre los lanceros  dificultados por el foso. Las condiciones de vida de estos asientos militares y de la leva de sus efectivos tendrán indeleble retrato en el “Martín Fierro”.   De todos modos, la zanja de Alsina permitió  el desarrollo de poblaciones y explotaciones rurales aquende  su traza, debilitó el poder del indio y facilitó  la campaña que el nuevo ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, llevaría a cabo más tarde.  

En Rafael Castillo, partido de La Matanza, se ha cavado una zanja de 1.200 m de longitud, más de casi tres metros de ancho y dos de profundidad, por suerte no a pico y pala como su antecesora, sino con excavadora, a cargo de la propietaria de un predio, ocupado en su mayor parte  por una reedición posmoderna del malón, donde los “hombres de lanza” lo son ahora de tumbera, familias muy pobres arrastradas en operaciones para nada espontáneas  por capitanejos locales – quienes nada tienen de Cafulcurá, Sayhueque o Manuel Namuncurá- que avizoran un buen negocio inmobiliario y un rebaño clientelar a ofrecer para las votaciones. Berni –un ministro de Seguridad que es muy recio a motín policial terminado- se queja y patalea contra las tribus de okupas, con cierta razón, pero –claro- no alcanza a las espuelas de Conrado Villegas ni a los botines de Adolfo Alsina. En otro tiempo, los enanos tenían la prudencia y sapiencia de encaramarse en los hombros de los gigantes. Ahora, cuesta que esas grandes sombras no los pisen.









[1] ) Allí el coronel Silvino Olivieri había fundado una colonia agrícola militar. En 1856 Olivieri fue asesinado en un motín de los colonos legionarios.  

jueves, septiembre 10, 2020

EN TIEMPOS DE LA REFORMA JUDICIAL, UNA ESTATUA SIMBÓLICA




El debate sobre la reforma judicial, que ha fatigado tanto pantallas y cursores es uno más entre los   signos de postración de nuestra vida pública. Transcurrimos un estado de excepción sin soberano. O mejor dicho, con un soberano, que es el coronavirus, que habrá de llegar hasta donde quiera, o hasta donde Dios quiera, mientras nuestros dirigentes corren detrás, balbuceando que están al frente de una batalla irremediablemente perdida.  En el camino, hemos dejado los últimos jirones de nuestra siempre precaria institucionalidad. No tenemos prácticamente Congreso. Hasta hace poco, no se hacían allí las leyes, sino que se las recibía hechas. Hoy, ni siquiera son leyes, sino DNU que se despachan favorablemente con el trámite virtual de una pensión graciable. No tenemos  poder ejecutivo unipersonal, sino una especie de matrimonio morganático  en donde el consorte de rango inferior es el presidente de la República, Jefe Supremo de la Nación en el incierto papel constitucional. Y tenemos una agencia judicial sumida con razón en el descrédito. Que, además, ahoga en ciénaga administrativa los esfuerzos de tantos servidores probos y capaces que aún se desempeñan en sus cuadros. Y cuando se propone una reforma para esta rama del Estado, resulta que es para hundirla más aún. Hay una manifestación simbólica de este estado de cosas que me propongo compartir con el lector.



Cuando se suben las escalinatas del Palacio de los Tribunales, puede observarse, en una gran hornacina abierta en la pared que cierra el vestíbulo, la estatua en bronce de la Justicia, de Rogelio Yrurtia. Nuestro gran escultor –quizás bajo el influjo de Bourdelle- buscó inspiración más atrás de los modelos clásicos, con sus conocidos atributos de la espada y la balanza y la representó como una joven imponente, en actitud de avanzar, la cabeza cubierta con un casco que adorna una diadema y los brazos extendidos en paralelo, ambos levemente unidos en sus pulgares. Esos brazos marcarían el equilibrio de lo justo, y los pliegues de su vestidura, que caen verticalmente, la rectitud, armonía y proporcionalidad que lo deben acompañar. Litigantes y abogados pasamos junto a la figura en el hueco, viéndola sin mirarla, ya que, hoy, sólo los ladrones del bronce saben admirar con ojo codicioso las estatuas.

Si se consulta por Internet la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en www.pjn.gov.ar) se advierte, en las informaciones a la visita guiada al Palacio, que esa estatua es una réplica del original. Llegué a conocer la historia por intermedio del escribano Eduardo Scarso Japaze y la transmito, con algunos datos ampliatorios. Carlos Delcasse (1852-1941), un francés nacido en Burdeos y afincado en el barrio de Belgrano, amigo de Rogelio Yrurtia, decidió encargarla para la bóveda familiar en el cementerio de Olivos. La obra había sido proyectada por Yrurtia en 1905, con el título de “Res non Verba”, luego cambiado en “Equidad”,  y su destino habría sido el flamante Palacio de Justicia. Comenzado ese mismo 1905, el edificio se inauguró en 1910. Pero la maquinaria burocrática detuvo la ejecución y –no es de extrañar- los pagos correspondientes y hoy puede verse en el Museo Casa de Yrurtia la pequeña maqueta original. La hornacina destinada a albergar la escultura quedó vacía y luego la ocupó un busto del general San Martín. Delcasse la encontró propicia para el sepulcro destinado a él y los suyos, porque, como escribió al artista, en carta que se conserva en el museo, su voluntad era que fuese “la obra de arte que ha de simbolizar la muerte. La justicia inevitable, incorrupta, divina para todo ser viviente”.  

Delcasse era una figura destacada de la sociedad porteña de fines del siglo XIX y principios del XX. Fue diputado nacional e intendente de Belgrano, cuando todavía no integraba como barrio la ciudad de Buenos Aires. En su quinta, situada en Sucre entre Cuba y Arcos, había una sala de armas donde se cruzaban Jorge Newbery, el barón Demarchi, César Viale, políticos como Lisandro de la Torre o Alfredo L. Palacios, jueces, legisladores. Alguna vez, un guapo (quizás un Muraña importado desde Palermo o un Iberra fatal traído desde Barracas) demostró allí a los invitados cómo era la esgrima del duelo criollo. En los fondos, sobre Arcos, se disputaban los lances de honor comentados luego por el tout Buenos Aires. Juan Domingo Perón también tiró el sable en su pedana.  Por la entrada de Cuba podían verse, hasta hace algunos años, los restos de la mansión, la llamada "Casa del Ángel", por la figura alada junto al mirador. Ella inspiró a Beatriz Guido una novela que Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine en 1957, dirigiendo a Elsa Daniel y Lautaro Murúa.

En 1936, Yrurtia realizó el vaciado para cumplir la voluntad de su amigo. Y surgió la diosa  con los brazos extendidos, como una sonámbula,  iluminado su camino por la diadema, entrando en el reino de la muerte. Una leyenda inconfirmable atribuye la elección de Delcasse, compartida por Yrurtia, a que el primero había tenido una hija fallecida, que sufría de sonambulismo, y no encontró para ella mejor evocación que la que la obra exhibía. En 1938, los 1.800 kilos de bronce alegórico fueron colocados en lo alto de la bóveda de los Delcasse, mediante de andamios, poleas y cadenas, y bajo la supervisión del escultor, por los hermanos Trovero, uno de los cuales transmitió esta información al escribano Scarso. Tres años después, la ocupó quien encomendara la estatua. Más tarde, José María Fernández Ferrari, cuyos restos también yacen allí, donó el sepulcro al Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, su actual titular.
La estatua que se encuentra en el Palacio de Justicia es una réplica, por medio del vaciado en bronce del original, colocada en 1959, todo ello realizado  nueve años después de la muerte del maestro Yrurtia. ¿No resulta simbólico que la imagen de la Justicia que abre la sede de nuestros tribunales sea una copia, es decir, en cierto modo, una Justicia "trucha"? Pero más aún, que en la inspiración original de su autor y de quien la encomendara haya estado la entrada en el reino de la muerte. O será que cuando subimos la escalinata llevando las peticiones de justicia de nuestros clientes, una voz atravesada por la sorna nos dicta,  como en la puerta infernal al Dante: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. Por lo menos, si ningún conocido operador juega de tu lado.-




jueves, junio 18, 2020

EL PROFESOR FERNÁNDEZ SIGUE DANDO LECCIONES FUERA DE CLASE




Ahora -miércoles 17- le tocó a una periodista recibir una lección del profesor Fernández. Interrogado sobre la proyectada expropiación de la firma Vicentín, y algo amoscado el profe por lo que entendió un sesgo crítico en las preguntas, procedió a derramar su caudal jurídico  sobre la insolente, a la que conminó a estudiar la Constitución y la ley de expropiación. Y el  dómine presidencial pronunció entonces su  dictum definitivo: "el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes". Como remitió a la CN, fuimos al art. 17, que establece la garantía de inviolabilidad de la propiedad. Y agrega: "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". Esto es, se requiere primero una ley de afectación, emanada del Congreso, y la indemnización previa. Los bienes a expropiar sólo pueden ser declarados tales, y afectados a un destino específico de utilidad pública, por una ley del Congreso federal o de las legislaturas provinciales, en su caso.   No hay en nuestro ordenamiento legal expropiación administrativa. El profesor adjunto interino ha traspapelado los apuntes -esos a los que se les echa un vistazo a punto de salir de la sala de profesores y que, claro, uno no puede tener a la vista cuando está riñendo a una periodista. Puede entenderse el error si se tiene en cuenta que nuestro doctrinante remite a la chica respondona a la ley de expropiación, 21499. La ley infraconstitucional, obviamente, no le da al Ejecutivo la facultad que el texto constitucional le deniega. Pero habla de la "ocupación temporánea", lo que es invocado en los considerandos del decreto de arrebato. Ella sí puede ser establecida por la autoridad administrativa. Se trata de  una privación transitoria del uso y goce por parte del propietario del bien que está por expropiarse, habiéndose ya iniciado el trámite legislativo, en caso de necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita (art. 59). En definitiva, requiere un estado de necesidad que impida esperar hasta el fin de las etapas del proceso expropiatorio, como podría ser el caso de incendios, inundaciones, terremotos o pandemias, justamente (un terreno que va a ser destinado, por ejemplo, a dar albergue a personas en aislamiento fuera de sus domicilios). Creo muy discutible que este sea el caso de una empresa que ha solicitado su concurso preventivo, en trámite ante la instancia provincial, pero dejemos esta enorme minucia de lado. No se trata de una expropiación administrativa acelerada, sino de una privación momentánea, que no equivale siquiera a la desposesión, que sólo puede ocurrir con sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.
El dómine presidencial suele salirse de la vaina en su intento de demostrar el calado de sus conocimientos.  Como debe resignar su poder de gobierno en el matrimonio político morganático con la vicepresidente, lo que lo convierte en un prematuro "pato rengo", encuentra compensación en la docencia, su nicho de libre albedrío. Y en un reportaje, encontró que  le invadía su potrero otra Cristina, esta vez periodista. Y  tronó el escarmiento. Pero aún en su quintita suele errar el vizcachazo, para su malaventura.-