Condenaron a Carlos Menem a 7 años de prisión por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Transcribo un artículo que escribí en el 2006 sobre el caso, que creo -como manifestó en una primera sentencia, luego revocada en Casación, el tribunal interviniente- pertenece al ámbito de la no justiciable razón de Estado, y no al área del delito común de contrabando, sin perjuicio de la persecución que corresponda a las ganancias obtenidas en un negocio ilícito. No es pro Menem, al que me opuse desde el inicio, sino por el derecho, constantemente asediado por los jurisclastas.

 

 

 

 

VENTA DE ARMAS Y RAZON DE ESTADO

 

 

 

En 1985 se libraba la primera guerrra del Golfo, entre Irán e Irak. Aquí, gobernaba Raúl Alfonsín y, desvanecido el sueño de pagar la deuda externa con discos de Gardel, nos aprestábamos a una nueva experiencia monetaria: el austral. En la entonces URSS, Mijail Gorbachov era elevado a la cumbre del partido y se comenzaba a hablar de glasnot y  perestroika. En los EE.UU., Reagan desarrollaba su segundo mandato. El orgullo norteamericano estaba recobrado, salvo un pequeño detalle: el grupo fundamentalista Hezbollah retenía cinco rehenes estadounidenses en el Líbano. Se trama entonces la venta a Irán de 4000 misiles Tomahawk, a cambio de la libertad de los prisioneros. La operación contó con el visto bueno del presidente Reagan y de su vice, George Bush. Este último de asuntos iraníes entendía algo, ya que unos años antes, a fines de 1980, había negociado con el régimen de Jomeini que los 52 rehenes de la embajada norteamericana en Teherán fuesen devueltos con retraso para que el éxito de la operación se asignase al recién electo Reagan y no al presidente saliente, Jimmy Carter. Por cierto, la venta de los misiles a cambio de los prisioneros de Hezbollah tampoco era desconocida por el entonces secretario de Estado, George Shultz, ni por el entonces secretario de defensa, Caspar Weinberger. La ejecución de la maniobra recayó en los asesores presidenciales John Poindexter y Oliver North. Estaba prohibido por ley del Congreso venderle armas a Irán. Por lo tanto, se organizó una operación encubierta a través de Israel. Este último país vendía a armas a Irán durante la guerra, pues consideraba a Jomeini menos peligroso para su seguridad que Saddam Hussein, el líder iraquí. Al contrario, los EE.UU. suministraban armamento a Irak, por entender que sus intereses en la región quedarían malparados con un triunfo iraní. En la venta de misiles contra liberación de prisioneros, aquellos vínculos entre Israel e Irán sirvieron de maravilla al plan reaganiano, que constituía, como hemos visto, una excepción a la política norteamericana en la región. Para cerrar el moño de la operación, el producto de la venta fue destinado a brindar apoyo a los "contras", una guerrilla antisandinista  en Nicaragua. El congreso de los EE.UU. también tenía prohibida la ayuda a los "contras". Esta prohibición fue burlada mediante aterrizajes de aviones en territorio nicaragüense por razones supuestamente huimanitarias. El resto es conocido. Revelado el caso por la prensa en 1987 (ningún secreto es hoy impenetrable para ella), se realizó una investigación por el Congreso y, luego, Poindexter y North fueron condenados por la justicia en primera instancia, por venta ilegal de armas y desvío de fondos. En apelación, las condenas fueron revocadas. Se escribió una pila de libros y se hicieron media docena de películas sobre el caso.

 

Ahora recordemos nuestro propio affaire de vanta de armas. Se pretende haber descubierto una asociación ilícita, presumiblemente encabezada por el ex presidente Menem, formada por diversos ex ministros y quien fuera jefe del Estado Mayor de la FF.AA., cuyo objetivo era la venta clandestina de armas a ciertos países, bajo cobertura de decretos de contenido falseado que autorizaban la salida de armas con destino aparente a otros países. Las ventas reales fueron a Croacia y Ecuador, ambos entonces con sus respectivas guerras. Los destinos aparentes eran Venezuela, Bolivia y Panamá, que gozaban de paz; el último, incluso, no posee ejército sino una guardia nacional.

 

Cabe preguntarse por qué ni Reagan, ni Bush, ni Shultz ni Weinberger llegaron a los estrados judiciales para ser interrogados como miembros de la asociación ilícita que produjo la venta de armas arriba recordada, en el caso Irán-contras. ¿Es que faltan en la justicia norteamericana magistrados y funcionarios de la talla de nuestro juez Urso y de nuestro fiscal Stornelli? Con todo todo el respeto que estos últimos nos merecen, que es mucho, diría que en la cultura jurídica que produjo a Oliver Wendell Holmes y Benjamín Cardozo existen hombres de toga tan ilustrados y perspicaces, cuando menos, que los nuestros.

 

La diferencia reside en que no se consideró realmente justiciables, en el caso, al presidente y a sus ministros -hasta los asesores comprometidos, como se vio, "zafaron" en apelación.  Reagan y su equipo violaron leyes del Congreso en ejercicio de algo que, desde el Renacimiento, se llama "razón de Estado", hoy acotada y en repliegue, pero aún existente. Se trata de decisiones tomadas por los gobernantes en nombre de la salvación y seguridad públicas, conforme el principio romano: salus populi suprema lex (la salvación del pueblo es ley suprema). En ese caso, el gobernante no actúa legibus alligatus, sujeto a la ley, sino por encima de ella, legibus solutus. Son facultades terribles anejas al poder e hijas de su inextinguible tentación de omnipotencia; facultades  que todo hombre de derecho desearía ver defintivamente desterradas, pero de las que puede decirse que, como de las brujas del cuento, que que las hay, las hay. Por cierto, tampoco la razón de Estado se traduce en irresponsabilidad absoluta del gobernante. Se lo entiende eximido de responsabilidad jurídica, pero no de la de la picota de la prensa, amparada en la "transparencia" , la glasnot, expresión nacida en la ex URSS por aquellos tiempos del Irangate, ni de la responsabilidad política. La responsabilidad jurídica se ventila ante los tribunales; la responsabilidad política ante la ciudadanía. Es obvio que Menem y sus ministros refrendatarios urdieron una trama para que armas argentinas llegaran a Croacia y Ecuador por una ratio status proveniente de su alineación  con los EE.UU. y la presión ejercida  por esa república imperial, siendo no desdeñable la paralela presión del Vaticano. Por otra parte, sin el visto bueno de los EE.UU., las armas jamás habrían podido llegar a Croacia. Probablemente fue una malísima decisión política, casi estúpida en relación a la venta de armas a Ecuador, que nos descolocaba frente al Perú, país vinculado profundamente a nuestros intereses y estrategias transcordilleranas. Por otra parte, éramos garantes de la paz entre ecuatorianos y peruanos. Demasiado papelón, aunque fuese bajo presión "carnal".

 

Todo ello debe ser objeto de debate público y deben responder políticamente por su decisión. Pero no ante los tribunales: el fiscal o el juez no tienen competencia para dictaminar o juzgar sobre aquella decisión puramente política, protegida por una causa de justificación que la vuelve inmune a la persecución judicial. En ese caso, el ejecutivo actúa objetivamente como una asociación ilícita -ya lo vio en su tiempo San Agustín-, pero tales son los esqueletos en el armario que arrastra todo Estado de Derecho. El juez y el fiscal  están en su campo propio cuando investigan qué se hizo con el producto de la venta (en el Irangate no se dijo que el presidente, sus ministros o sus asesores hubiesen desviado fondos en su provecho). En ese punto dinerario, el ex presidente y sus ministros deben responder ante los estrados judiciales por cada centavo, aunque el PJ se encabrite, cierre filas y cante el Himno y la Marcha. Pero distingamos, por favor, entre lo que corresponde a la responsabilidad política y lo que es de la responsabilidad jurídica. De otro modo, podríamos agregar un  nuevo papelón a los ya acumulados en esta materia.